Organizaciones internacionales de derechos humanos piden justicia en el caso de esclavitud moderna contra Furukawa S.A. en Ecuador

El 15 de enero de 2021 los tribunales ecuatorianos reconocieron por primera vez que las condiciones de los trabajadores de Furukawa Plantaciones C. A constituían una violación del derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la prohibición de la esclavitud por servidumbre de la gleba, al derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y a la identidad. La sentencia estableció la responsabilidad tanto del Estado ecuatoriano como de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, y les ordenó aplicar varias medidas de reparación claramente estipuladas. En apelación, la Corte Provincial de Justicia de la región de Santo Domingo de los Tsáchilas confirmó la responsabilidad de la empresa, pero exoneró de responsabilidad al Estado ecuatoriano. No revocó las medidas de reparación a favor de los trabajadores.

La fibra de abacá se utiliza y exporta a Estados Unidos, Europa y otros países como Filipinas para fabricar papel moneda, cuerdas, bolsitas de té, coches y una gran diversidad de productos. Ecuador es el segundo mayor exportador de fibra de abacá, pero quienes cultivan la materia prima lo han hecho durante generaciones en condiciones similares a la esclavitud. Cientos de familias han trabajado para Furukawa Plantaciones C. A. en las zonas de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo, viviendo en campamentos en las haciendas de la empresa durante generaciones, soportando condiciones de remuneración mínima, explotación, falta de acceso a servicios básicos adecuados, educación, salud, servicios sanitarios entre otras violaciones de sus derechos. Muchos miembros de la comunidad, incluidos niños, tienen problemas crónicos de salud, en parte debido al polvo que desprende la fibra de abacá al secarse, que penetra en sus vías respiratorias y pulmones. Durante años, no tuvieron electricidad ni agua potable.

El caso ha ganado repercusión tras un intenso proceso de reivindicación de derechos llevado a cabo por los propios trabajadores, que enfrentaron distintas amenazas y hostigamientos por parte de la empresa, sin embargo han logrado mover adelante una denuncia sobre las condiciones de vida y de trabajo a que han estado sometidos por casi 60 años, que fue formalizada en mayo de 2018 con el apoyo legal de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y junto al Comité de Solidaridad Furawaka Nunca Más. Los abacaleros acusaron a la empresa de mantener en condiciones de esclavitud moderna a al menos tres generaciones de trabajadores rurales.

Cuando el caso se hizo público en 2019, la empresa tomó represalias y demolió la mayoría de los campamentos donde vivían los abacaleros y sus familias, desalojando a cientos de personas. Esto se hizo en parte para ocultar las pruebas condenatorias de las condiciones en las que Furukawa Plantaciones C. A mantenía a sus trabajadores. Un grupo de abacaleros se opuso al desalojo y permaneció en tres de los campamentos, ocupación que continúa cuatro años después. Tras enfrentar nuevas amenazas, los abacaleros en defensa de sus derechos colectivos lograron obtener medidas cautelares para evitar ser desalojados de los campamentos.

Casi tres años después, no se ha avanzado en la aplicación de esta sentencia, mientras que la situación económica y social de los abacaleros es cada vez más precaria y se han agravado las amenazas y el hostigamiento contra ellos por sus legítimas reivindicaciones de derechos humanos. Hasta el momento, seis ex trabajadores de la empresa han fallecido sin conocer la justicia de su caso, por problemas de salud que nunca tuvieron la posibilidad de tratar médicamente, decenas siguen enfermos con precaria atención médica y condiciones de vida indignas, por lo que sus vidas están en riesgo. Los ex trabajadores y abogadas de la CEDHU han enfrentado denuncias y acusaciones de delitos de extorsión, intimidación, ocupación y uso ilegal de tierras y robo de fibra, en un claro intento de presión judicial y criminalización. Todas estas denuncias han sido archivadas por falta de pruebas.

La irresponsabilidad de la empresa Furukawa y del estado Ecuatoriano y la falta de reparación integral viene agudizando la situación de riesgo de los abacaleros que siguen reivindicando el reconocimiento de sus derechos, a pesar de vivir en condiciones de alta vulnerabilidad.

Los abacaleros inconformes con la decisión de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas de absolver de responsabilidad al Estado acudieron ante la Corte Constitucional para que revise su caso. La Corte Constitucional admitió el caso a trámite y lo seleccionó el 18 de enero del 2022 para revisión pero hasta el hasta el momento el caso no ha sido tramitado. Es importante señalar que, a diferencia de otros sistemas judiciales, esto no significa que la aplicación de la sentencia deba esperar hasta que la Corte Constitucional llegue a una conclusión. Según el sistema judicial ecuatoriano, la sentencia de la Corte Provincial de Justicia en apelación es firme y debe aplicarse, especialmente en lo que se refiere a las medidas de reparación. Sin embargo, la empresa sigue presentando recursos para dilatar el proceso y evitar que se ejecute la reparación.

Es importante resaltar también que en tanto no se avance el caso y se cumplan las medidas de reparación estipuladas, los defensores y defensoras de derechos humanos ex trabajadores de la empresa Furukawa se encuentran en una situación de vulnerabilidad y riesgo por seguir en sus reivindicaciones. Las instituciones ecuatorianas, que conocen de la vulneración de derechos de los abacaleros por tantos años, necesitan acompañar de cerca la situación de los ex trabajadores de la empresa Furukawa y disponer las medidas necesarias para garantizar su protección.

En mayo de 2023, Front Line Defenders reconoció la lucha de estas comunidades por defender los derechos humanos y acabar con las condiciones de esclavitud moderna de los abacaleros con su Premio para Personas Defensoras de los Derechos Humanos en Riesgo. Segundo Ordoñez fue el ganador del premio para las Américas, por su protagonismo y liderazgo en ese proceso y viajó a Dublín y a Bruselas para aceptar el premio en nombre del grupo de abacaleros.

Por su gravedad, las organizaciones internacionales firmantes acompañan con gran preocupación el caso Furukawa. La decisión respecto al caso puede sentar un importante precedente para los derechos de los trabajadores y tener un impacto concreto en la protección de las personas defensoras de derechos humanos en riesgo. Por esa razón, desde las organizaciones firmantes:

• Expresamos nuestra preocupación por el retraso de la Corte Constitucional en examinar el caso. Reforzamos que este proceso está siendo seguido con atención por la comunidad internacional;
• Acordamos que es deber de las autoridades ecuatorianas de garantizar la protección y los derechos fundamentales de los ex trabajadores y trabajadoras de la empresa Furukawa a lo largo de ese proceso de lucha por derechos humanos;
• Pedimos a las autoridades ecuatorianas que ejecuten la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, incluyendo el cumplimiento por parte de Furukawa Plantaciones C. A de la reparación integral;
• Epresamos nuestra Solidaridad y apoyo a los defensores de derechos humanos ex trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones C. A. 

Firman: